Perros PPP por comunidades: qué cambia de verdad en razas, seguro y licencia

Respuesta directa: en España no existe un único régimen PPP, sino un suelo estatal (8 razas, licencia municipal, seguro de 120.000 €) sobre el que 7 comunidades han construido reglas propias que hemos verificado una a una: la lista puede duplicarse (16 razas en Galicia), el seguro casi doblarse (200.000 € en Canarias) y aparecer obligaciones que no existen en la puerta de al lado, como la esterilización obligatoria vasca. En las otras 10 comunidades y en Ceuta y Melilla, lo que rige es la base estatal.

Comunidad	Norma propia	Razas	Seguro mínimo	Lo más singular
Andalucía	Decreto 42/2008	9 (8 + dóberman)	175.000 €	Curso de adiestramiento obligatorio
Canarias	Decreto 30/2018	8 (las estatales)	200.000 €	Regla del "5 de 8" para perros sin raza definida
Cataluña	Llei 10/1999 + Decret 170/2002	Lista propia de 11 + la estatal	150.253,03 €	Licencia del paseador; prohibido a menores de 16 años
C. Valenciana	Decreto 145/2000	15 (lista cerrada)	~120.202 € (20 M de pesetas)	Los rasgos físicos no reclasifican razas no listadas
Galicia	Ley 4/2017 + Decreto 90/2002	16 + cruces de 1ª generación	125.000 €, renovación anual	Licencia también para pasearlo, aunque sea puntual
Madrid	Decreto 30/2003	8 (las estatales)	120.000 €	Registro de Infractores que puede bloquear la licencia
País Vasco	Decreto 101/2004 (mod. 2020)	12	120.000 €, sin franquicia	Esterilización obligatoria antes de los 12 meses
Resto de CCAA, Ceuta y Melilla	—	8 (estatales)	120.000 €	Base estatal, con matices de registro y ventanilla

Las razas: de 8 a 16 según dónde vivas

El Anexo I del RD 287/2002 fija las 8 razas de referencia (pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu). A partir de ahí, cada comunidad con norma propia ha movido la lista:

• Galicia tiene la más larga que hemos verificado: 16 razas con rango de ley, añadiendo bullmastif, dobermann, dogo de Burdeos, dogo del Tíbet, mastín napolitano, presa canario, ca de bou y bull terrier, más los cruces en primera generación.
• Comunitat Valenciana lista 15, pero con una lógica distinta al resto: es una lista cerrada, y los criterios de características físicas no sirven para reclasificar a un perro de raza no listada.
• País Vasco llegó a 12 en 2020 y fue la primera norma del corpus en nombrar expresamente al american bully.
• Andalucía añade una sola raza, el dóberman, para un total de 9.
• Cataluña es el caso más enrevesado: su Llei 10/1999 tiene lista propia de 11 razas y el Decret 170/2002 incorpora además las estatales, así que en la práctica hay que mirar las dos listas a la vez.

Una curiosidad que retrata bien este mosaico: el ca de bou (presa mallorquín) es PPP por raza en Galicia y en la Comunitat Valenciana... pero no en Baleares, su tierra de origen, donde rige la lista estatal, que no lo incluye.

¿Y el american bully? Solo el País Vasco lo nombra por escrito. En Cataluña la información oficial lo trata como PPP por ser cruce de razas reguladas. En las comunidades de lista estatal, la vía de entrada son los cruces o los criterios físicos del Anexo II. Si tienes uno, lo prudente es tratarlo como PPP salvo confirmación en contra de tu ayuntamiento.

El seguro: de 120.000 a 200.000 euros

Es la diferencia con más impacto directo en el bolsillo, y la que más errores genera cuando se lee una cifra de otra comunidad:

• Canarias: 200.000 €, el mínimo más alto verificado.
• Andalucía: 175.000 €.
• Cataluña: 150.253,03 € por siniestro, con copia anual de la póliza al ayuntamiento.
• Galicia: 125.000 €, con renovación anual expresa.
• Comunitat Valenciana: su decreto sigue diciendo 20 millones de pesetas (~120.202 €), sin actualizar a euros.
• País Vasco y Madrid: 120.000 €, como el suelo estatal; pero el decreto vasco añade que la póliza no admite franquicia y debe contratarse en 10 días desde la identificación del animal.

Dos avisos prácticos: la cuantía aplicable es la del territorio donde resida el animal, no la más baja que encuentres en internet; y en varias comunidades el seguro es requisito para obtener —y conservar— la licencia, así que dejarlo caducar tiene consecuencias más allá de la multa. En Galicia, no tenerlo es infracción grave autonómica (501 a 5.000 €).

Obligaciones que solo existen en algunas comunidades

Aquí es donde el mosaico se vuelve traicionero, porque son reglas que no se intuyen desde la base estatal:

• Esterilización obligatoria (País Vasco): todo perro PPP censado debe esterilizarse antes de los 12 meses; incumplirlo es infracción muy grave de la Ley 9/2022 vasca, con multas de 10.001 a 100.000 €. En Galicia, en cambio, la esterilización solo es forzosa tras agresiones reiteradas, con procedimiento y garantías.
• Licencia para quien pasea al perro (Galicia, Cataluña, Madrid): no basta con que el dueño la tenga. En Galicia la exigencia alcanza expresamente el paseo puntual desde 2019; Cataluña además prohíbe que lo conduzcan menores de 16 años.
• Curso obligatorio (Andalucía): el titular debe superar un curso de adiestramiento básico específico, un requisito que ninguna otra comunidad verificada impone.
• Registro de Infractores (Madrid): se consulta antes de conceder la licencia y puede bloquearla; no existe a nivel estatal.
• Regla del "5 de 8" (Canarias): un perro sin raza definida es PPP si cumple al menos 5 de los 8 grupos de características físicas, una concreción numérica que el reglamento estatal no da.
• Doble reconocimiento veterinario tras mordedura (Galicia): dos visitas en los 15 días siguientes a la agresión, con certificado.
• Salida del régimen (Comunitat Valenciana): si un perro entró en el régimen por un episodio de agresividad y no por raza, puede dejar de ser PPP; la mayoría de normas no prevén el camino de vuelta.

Las otras 10 comunidades (y Ceuta y Melilla): base estatal

Lo decimos de frente porque nos lo hemos encontrado al verificar el mapa completo para nuestro selector de obligaciones por comunidad: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra no tienen un régimen PPP material propio. Sus leyes de protección animal remiten a la normativa estatal, y lo que añaden son capas de identificación, censo y registro (el RIACIB balear, el RIACE extremeño...) o pura operativa de ventanilla.

Eso tiene una consecuencia práctica que ahorra tiempo y disgustos: si vives en una de ellas, no busques "el decreto PPP de tu comunidad" para ver si tu perro está en la lista o cuánto seguro necesitas — la respuesta está en la guía del régimen estatal: 8 razas del Anexo I, criterios físicos del Anexo II, licencia municipal de 5 años, seguro de 120.000 € y bozal con correa corta en público. El único sitio donde te queda algo por confirmar es tu ayuntamiento: tasas, formularios y el registro municipal.

Cómo usar esta comparativa sin equivocarte

1. Localiza tu comunidad en la tabla. Si está entre las 7 con norma propia, entra en su ficha: ahí está el detalle con los artículos citados.
2. Si no está, aplica la base estatal y confirma la operativa (tasas, formularios) en tu ayuntamiento.
3. Si te mudas de comunidad con un PPP, revisa la ficha del destino antes del traslado: puede cambiar la cuantía del seguro, la lista de razas y hasta aparecer obligaciones nuevas, como la esterilización en el País Vasco.
4. Ante episodios de agresividad, recuerda que cualquier ayuntamiento puede declarar PPP a un perro de cualquier raza: esa vía existe en toda España.

En resumen

El régimen PPP español es un suelo estatal con siete pisos autonómicos encima, y las diferencias no son cosmética jurídica: entre vivir en Madrid y en Canarias median 80.000 € de cobertura obligatoria; entre Baleares y Galicia, que tu ca de bou sea o no un PPP; entre Galicia y el País Vasco, que la esterilización sea una opción o una obligación con multa de hasta seis cifras. Cada celda de esta comparativa sale de una ficha verificada con su fuente oficial — si necesitas el detalle de tu caso, ese es el siguiente clic.